La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha reconocido que una empleadora sufrió indefensión en un proceso de despido porque el juzgado acudió a los edictos sin intentar antes la notificación en un domicilio expresamente indicado en la demanda. La STC 66/2026, de 5 de octubre, publicada en el BOE del 12 de noviembre, estima el amparo, pero limita sus efectos a declarar la vulneración: no anula las actuaciones ni ordena repetir el procedimiento.
Una dirección disponible que no se utilizó
Según los antecedentes de la resolución, la trabajadora presentó en marzo de 2022 una demanda de despido y reclamación de cantidad. Identificó un domicilio social y, al advertir que allí había fallado la comunicación para la conciliación previa, señaló otra dirección para notificaciones. Esta segunda dirección figuraba también en la carta de despido y coincidía con la ubicación del centro de trabajo recogida en el contrato.
El Juzgado de lo Social número 5 de Murcia intentó comunicar la demanda en el primer domicilio. Después consultó el Punto Neutro Judicial y probó otra dirección obtenida por esa vía, también sin éxito. Finalmente acordó la citación por edictos, sin utilizar la dirección específicamente facilitada para las notificaciones.
El juicio se celebró sin la empleadora y la sentencia declaró el despido improcedente, con condenas económicas. La parte empresarial conoció el procedimiento durante la ejecución, al embargarse sus cuentas, y promovió un incidente de nulidad que fue desestimado. Posteriormente acudió al Constitucional.
No se exigía una investigación desmedida
La empleadora sostuvo que se le había impedido defenderse. La trabajadora defendió que el juzgado había realizado gestiones reales para localizarla. El Ministerio Fiscal apoyó el amparo: lo decisivo era que no se había probado el domicilio que ya constaba en la propia demanda.
El Constitucional coincide con esta última apreciación. Reconoce que el órgano judicial no permaneció completamente pasivo, pero considera insuficiente su diligencia. No le exigía una búsqueda extraordinaria: bastaba con examinar la documentación disponible y utilizar razonablemente la información que contenía. La omisión impidió a la demandada intervenir y defenderse en el proceso.
Por qué el fallo no anula el procedimiento
Este es el límite esencial de la noticia. Durante la ejecución las partes alcanzaron un acuerdo, aprobado judicialmente, que se cumplió. El procedimiento ejecutivo quedó archivado con su conformidad. Por esa circunstancia, el fundamento jurídico tercero circunscribe el amparo a reconocer la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, protegido por el artículo 24.1 de la Constitución.
La sentencia constitucional no declara nulo el despido, no revisa sus causas y tampoco deja sin efecto la condena laboral mediante una anulación de actuaciones. Confundir la estimación del amparo con la repetición automática del juicio alteraría el alcance real de esta resolución.
Qué conviene revisar en una reclamación laboral
El caso recuerda la importancia de facilitar domicilios útiles y documentados y de revisar cómo se practicaron las comunicaciones cuando alguien conoce un litigio ya en ejecución. No cualquier notificación fallida genera indefensión: deben valorarse las actuaciones realizadas, la información disponible y el conocimiento efectivo del proceso. Si necesitas analizar una reclamación de despido o una incidencia de notificación, puedes consultar con nuestro despacho.
Identificación: Tribunal Constitucional, Sala Segunda; STC 66/2026, de 5 de octubre; recurso de amparo 4827-2025; ECLI:ES:TC:2026:66. Texto íntegro: BOE-A-2026-23752. Véase también el sumario oficial del Tribunal Constitucional. Imagen ilustrativa generada con IA; no representa a las personas del caso.
