El personal con funciones relacionadas con la seguridad operacional ferroviaria cuenta desde hoy con nuevas garantías para comunicar riesgos y adoptar medidas proporcionadas frente a peligros graves e inminentes. El Real Decreto-ley 34/2026, publicado el 11 de noviembre, reforma el artículo 71 de la Ley del Sector Ferroviario y prohíbe represalias laborales en los términos que establece.
La norma publicada en el BOE incorpora la denominada cultura justa: facilitar que los profesionales alerten de problemas de seguridad sin convertir esa comunicación, por sí misma, en una desventaja laboral. La protección no equivale a una inmunidad general frente a cualquier conducta.
Comunicación de riesgos y confidencialidad
El nuevo artículo permite comunicar hechos, acciones, omisiones o circunstancias que puedan generar un riesgo ferroviario mediante los canales de la entidad empleadora o, cuando exista, otro sistema público de notificación de eventos de seguridad operacional. Para esta segunda vía no es obligatorio utilizar antes el canal interno.
Los sistemas deben garantizar la confidencialidad de la identidad del informante. Además, la información obtenida queda sometida a reserva: se prohíbe su difusión o cesión no autorizada, incluso por quienes accedan a ella en funciones de supervisión, inspección o investigación.
Qué decisiones pueden adoptarse ante un peligro
Cuando las circunstancias conocidas permitan apreciar un riesgo grave e inminente para viajeros, terceros o personal ferroviario, los profesionales comprendidos en la norma pueden adoptar, dentro de sus funciones, medidas necesarias y proporcionadas para evitarlo o limitarlo.
Entre esas medidas figuran, cuando proceda, interrumpir la marcha o abstenerse de iniciarla. Deben respetarse las reglas de circulación y comunicarse sin demora la actuación a los agentes correspondientes. Si la urgencia obliga a actuar inmediatamente, esa comunicación no es un requisito previo.
Prohibición de represalias y límites
El empleador no puede sancionar ni dispensar un trato desfavorable que sitúe al profesional en desventaja laboral o profesional por comunicar riesgos o adoptar las decisiones de seguridad amparadas por el artículo.
Sin embargo, las medidas de protección no se aplican a acciones u omisiones dolosas generadoras del riesgo o de la infracción, ni a negligencia grave en los términos descritos por la ley. La concurrencia de esas circunstancias debe acreditarse y motivarse expresamente: no puede deducirse únicamente de la gravedad del resultado.
La exención de una sanción administrativa no es automática
En determinados procedimientos sancionadores, el órgano competente puede eximir motivadamente del cumplimiento de la sanción. La información debe haberse presentado antes de notificarse la incoación, y deben acreditarse el cese de la infracción y una cooperación plena, continua y diligente con información veraz y relevante.
Se trata de una decisión sujeta a condiciones, sin perjuicio de la legislación penal. Conviene distinguirla de la prohibición de represalias del empleador: son garantías y procedimientos diferentes.
Qué entra en vigor hoy
La reforma de estas garantías entra en vigor el 11 de noviembre de 2026. En cambio, el artículo primero, que modifica reglas sobre tiempos de conducción y supervisión, tiene una entrada en vigor diferida hasta el 11 de mayo de 2027. No todas las medidas del decreto-ley empiezan a aplicarse a la vez.
Si existe un conflicto, conserva de forma lícita las comunicaciones, su fecha y las respuestas recibidas, respetando la confidencialidad exigida. Una sanción o trato desfavorable requiere analizar hechos y documentación. Nuestro despacho puede ayudarte a valorar la protección laboral aplicable.
Fuente: Real Decreto-ley 34/2026, de 10 de noviembre, BOE-A-2026-23603, artículo segundo y disposición final tercera. Texto oficial consultado el 11 de noviembre de 2026.
Ilustración generada con IA; no representa profesionales ni hechos reales.
