El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 13 de febrero de 2026, ha confirmado la improcedencia del cese de un trabajador del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón tras más de dos décadas encadenando nombramientos como cargo de confianza.
Durante más de 25 años, el trabajador prestó servicios para el consistorio bajo la apariencia de cargos de confianza. Sin embargo, lo que en teoría debía ser una relación basada en asesoramiento político o funciones de especial confianza, en la práctica se convirtió en algo muy distinto: un puesto estructural dentro de la organización municipal.
El Ayuntamiento defendía que se trataba de personal eventual, cuyo cese es libre. Pero los tribunales han ido más allá de la etiqueta formal para analizar la realidad de la prestación de servicios.
Funciones ordinarias encubiertas bajo cargos de confianza
La sentencia deja claro que el trabajador no realizaba labores de confianza política, sino tareas propias de la actividad ordinaria del Ayuntamiento: organización de festejos, gestión de contratos, coordinación de eventos y tramitación administrativa continuada durante años.
Este elemento resulta determinante. El personal eventual está legalmente reservado a funciones de asesoramiento especial o confianza directa con cargos políticos. Cuando se utiliza esta figura para cubrir necesidades permanentes, se produce un uso fraudulento de la misma.
El Tribunal concluye que, pese a la apariencia formal, la relación era en realidad laboral. No se trataba de un cargo de confianza, sino de un trabajador que desempeñaba funciones estructurales dentro de la administración local.
El cese libre se convierte en despido improcedente
Al considerarse laboral la relación, el cese acordado por decreto municipal sin causa justificada deja de ser válido como simple finalización de confianza y pasa a calificarse como despido.
Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia de instancia y declara el despido improcedente, obligando al Ayuntamiento a elegir entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización superior a 100.000 euros.
Además, se imponen las costas al consistorio, reforzando la contundencia del fallo.
