Videovigilancia laboral
El Tribunal Supremo ha consolidado una nueva doctrina clave en materia de videovigilancia laboral: las grabaciones de cámaras visibles y conocidas por la plantilla pueden utilizarse para justificar despidos disciplinarios, aunque no se haya informado expresamente de su finalidad sancionadora.
Hasta ahora, muchos tribunales exigían que la empresa advirtiera claramente al trabajador de que las imágenes podían emplearse para sancionarle. El habitual cartel de “zona videovigilada” no bastaba, lo que provocaba que numerosos despidos fueran declarados improcedentes por supuesta vulneración de la intimidad y la protección de datos.
Cambio jurisprudencial del Tribunal Supremo
El Supremo ha corregido ese criterio y establece que:
Si las cámaras son visibles y el trabajador sabe de su existencia, la empresa puede usarlas para sancionar.
No es necesario un aviso específico sobre el uso disciplinario.
La clave es la proporcionalidad y la legitimidad de la medida, no el formalismo informativo.
Este criterio se consolida en las sentencias STS 309/2023 (caso “Nuestro Bar”) y STS 23/2025 (caso “Stradivarius”), que admiten como válidas grabaciones obtenidas en sistemas visibles para acreditar conductas fraudulentas flagrantes.
¿Qué significa esto para empresas y trabajadores?
Para las empresas, supone seguridad jurídica y la posibilidad de actuar frente a fraudes internos sin trabas formales injustificadas.
Para los trabajadores, se mantiene la protección frente a sistemas ocultos o invasivos, pero se reconoce que las cámaras visibles forman parte del poder de vigilancia empresarial.
Conclusión
La nueva doctrina del Supremo marca un equilibrio realista: las cámaras visibles son un mecanismo legítimo de control laboral siempre que su uso sea proporcionado y respetuoso con los derechos fundamentales. El foco pasa del formalismo informativo a la proporcionalidad de la medida.
